José María Paz Gago (Chema). De España al primer Santiago de América

 

Recital

Versos sin fronteras

Lunes 2 de febrero ● 7:30  p.m.

Ateneo Amantes de la Luz

Conferencia magistral

Literatura y cine (A propósito de Pedro Páramo)

Martes 3 de febrero ● 10:00  a.m.

Biblioteca Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Nuestro invitado en estas actividades de calentamiento del Festival Internacional Arte Vivo y del Festival del Día Mundial de la Poesía es José María Paz Gago (La Coruña, 1960), escritor, gestor cultural y profesor universitario de Literatura Comparada en la Universidad de La Coruña (UDC), especializado en el estudio de las relaciones entre la literatura y el espectáculo, y las artes y las tecnologías, especialmente con el cine y la moda.

#Recital #Conferencia #Santiago #PUCMM #AteneoAmantesde La Luz #Santiago #ArteVivo #WorldPoetryDayFestival #ChemaPazGago

Entre el canon, la ética y la estética: reflexiones sobre el Premio Nacional de Literatura 2026

Miembros del jurado del Premio Nacional de Literatura 2026
Compuesto por José Alcántara Almánzar (Fundación Corripio), Radhamés Silverio (UASD), Carmen Pérez Valerio (PUCMM), Pastor de Moya (Ministerio de Cultura), Editrudis Beltrán Crisóstomo; el arquitecto Miguel Fiallo Calderón (UNPHU); Arturo del Villar (INTEC), León David (ADL) y otros

Por Fernando Cabrera

Cada mes de enero, el ambiente cultural dominicano gravita hacia un anuncio que trasciende lo estrictamente literario para transformarse en un fenómeno de calado sociopolítico: el fallo del Premio Nacional de Literatura. Para el jurado —órgano colegiado compuesto por rectores universitarios, la Academia Dominicana de la Lengua, el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio—, la deliberación constituye un desafío intelectual de primer orden. Su misión no se limita a la selección de una obra, sino que aspira a transmutar ponderaciones intrínsecamente subjetivas en una validación institucional objetiva que consagre, de manera definitiva, una trayectoria vital.

Más allá del prestigio simbólico, el galardón posee una dimensión pragmática ineludible. En una realidad a menudo adversa para el intelectual criollo, la importante dotación económica funciona como un necesario respaldo de estabilidad. Las debilidades estructurales del mercado editorial y las limitadas vías de profesionalización creativa convierten este premio en un hito donde el Estado y el sector privado reconocen, valorando materialmente, décadas de rigor intelectual.

No obstante, la legitimidad formal del certamen no lo exime de un debate crítico persistente. Aunque la estructura del jurado garantiza el consenso académico, la percepción de justicia se cuestiona cíclicamente debido a la opacidad o escasa difusión de criterios taxativos en la concesión. Esta ambigüedad normativa alimenta la pugna entre dos visiones: la de quienes consideran que los veredictos deben privilegiar la estabilidad del canon y la longevidad bibliográfica, y la de quienes demandan que prevalezcan criterios puramente estéticos. Como señalara Harold Bloom en El canon occidental: «Si vamos a leer los libros que han de sobrevivirnos, debemos ser capaces de decidir cuáles son los mejores», sugiriendo que la excelencia técnica debería ser el único filtro frente a las demandas de representatividad o notoriedad.

A esta discrepancia se suma la aporía fundamental de la crítica: ¿es posible disociar la obra de su autor? Quienes defienden la autonomía del arte sostienen, en la línea de Oscar Wilde en el prefacio de El retrato de Dorian Gray, que «no existen libros morales o inmorales; los libros están bien o mal escritos». Bajo esta premisa, juzgar un texto a través del tamiz moral de su autor es un error de categoría. Por el contrario, la perspectiva ética argumenta que el arte es una extensión de la cosmovisión del sujeto y que su canonización institucional implica una validación colateral de su trayectoria ciudadana.

Lo cierto es que la historia demuestra que la virtud personal y la maestría artística no siempre convergen. La genialidad técnica de Caravaggio, la complejidad de Wagner, la potencia de Picasso y la honda sensibilidad de Neruda coexisten con biografías conflictivas, marcadas incluso por la criminalidad o la misoginia. Por el contrario, la integridad moral no garantiza la destreza técnica; la nobleza de propósito no sustituye al talento. El gran arte suele emerger de las tensiones y contradicciones que la rectitud ética, por definición, tiende a evitar.

Pedro Vergés

Estos dilemas han adquirido una vigencia singular con la reciente concesión del Premio Nacional de Literatura 2026 a Pedro Vergés. Aunque la decisión ha generado debates en plataformas digitales —principalmente en torno a la brevedad de su bibliografía o su trayectoria institucional—, la recepción en la prensa y la crítica especializada ha sido favorable. El jurado, apelando quizá al paradigma de Juan Rulfo, ha ofrecido una respuesta contundente. Cabe recordar aquí las palabras de Augusto Monterroso sobre la excelencia: «La perfección no se mide por la cantidad de páginas, sino por la imposibilidad de quitar una sola palabra». Al igual que con el maestro mexicano, el jurado parece haber considerado que la obra de Vergés demuestra que la trascendencia se mide por el impacto cultural y la capacidad de subvertir el lenguaje, antes que por la abundancia de publicaciones. En este sentido, la crítica sitúa su producción, especialmente la novela Solo cenizas hallarás, en un pedestal de excelencia técnica.

Al margen de las ponderaciones cualitativas, el perfil de Vergés introduce una variable compleja: su dimensión institucional. A diferencia de la retirada casi metafísica de Rulfo, el autor dominicano ha mantenido una prolongada presencia pública como diplomático y exministro de Cultura. Esta exposición genera resistencias y, en ocasiones, condiciona la recepción de su legado artístico. Sin embargo, el Premio Nacional no es el escenario adecuado para resolver la dicotomía de un creador que, además, ha sido un burócrata con luces y sombras. Tal vez el jurado, consciente de las distracciones externas y en consonancia con Roland Barthes en La muerte del autor, partió del criterio de que, para que la escritura alcance su plenitud, el autor debe dar un paso atrás y permitir que la obra hable por sí misma, centrándose únicamente en su dimensión literaria para emitir el fallo.

En todo caso, es loable que este órgano asuma año tras año la responsabilidad de equilibrar la objetividad institucional con la inevitable subjetividad del juicio, con el objetivo de que perduren en la memoria colectiva aquellos aspectos que merecen la pena. No es una tarea sencilla y, desde luego, su posición no debe de ser cómoda. 

Esta vez, pese a la existencia de un nutrido grupo de aspirantes (algunos con una producción más extensa y de notable calidad), el jurado ha optado por privilegiar una trayectoria concisa. Según el veredicto, esta decisión se basa en méritos literarios fehacientes y en una aportación que ya es imprescindible para el canon dominicano. A los demás solo les resta esperar.

Bibliografía

• Barthes, Roland. La muerte del autor. Siglo XXI Editores, 1987.

• Bloom, Harold. El canon occidental. Anagrama, 1995.

• Monterroso, Augusto. La palabra mágica. Era, 1983.

• Wilde, Oscar. El retrato de Dorian Gray. Alianza Editorial, 2010.

La tensión entre el poder y la ética: del ámbito filosófico a la Operación «Absolute Resolve»

 Por Fernando Cabrera

La cuestión de si la política debe tener una dimensión moral es uno de los dilemas más persistentes del pensamiento humano. Lejos de ser esferas excluyentes, ambas coexisten en una tensión dialéctica irreductible: mientras la política organiza la vida en común a través del poder, la moral actúa como instancia de legitimación ante el ideal de justicia. Como señalaba Aristóteles en su Política, el Estado no existe simplemente para asegurar la vida, sino para garantizar una «vida buena»; por tanto, la política es, por esencia, una extensión de la ética aplicada al bienestar colectivo.

Históricamente, esta visión ha sido desafiada por el realismo político de cuño maquiavélico. En El Príncipe, Maquiavelo sentenció que el gobernante debe «aprender a poder no ser bueno» si las necesidades del Estado así lo requieren. Si bien el pragmatismo es inherente al cargo, reducir la política a una técnica despojada de valores provoca una fractura ontológica. Al sacrificar principios en nombre de una supuesta eficiencia, se deshumaniza el cuerpo social y se reduce al ciudadano a lo que Immanuel Kant denunció como la instrumentalización del ser humano: un simple medio para un fin y no un fin en sí mismo.

Frente a esta deriva, la tradición normativa sostiene que los derechos humanos no son accesorios del poder, sino límites infranqueables a su arbitrariedad. Sin un fundamento ético sólido, la política se desnaturaliza; deja de ser el arte de la convivencia para convertirse en una tecnología de opresión. En este contexto, la corrupción y la tiranía no son meros errores administrativos, sino fuerzas que disuelven el contrato social y anulan el verdadero capital de las naciones: la confianza.

La síntesis más adecuada para nuestra época acaso es la «ética de la responsabilidad» (Verantwortungsethik), propuesta por Max Weber. Según esta, el político moderno debe responder por las consecuencias previsibles de sus actos, operando en un equilibrio donde la política sea moral en sus fines —justicia y libertad— y responsable en sus medios. En las sociedades pluralistas actuales, la legitimidad no solo emana del voto, sino también del respeto irrestricto a la dignidad humana. Una política sin moral es solo fuerza bruta; una moral sin política es impotencia estéril.

Este debate teórico encontró una manifestación tangible el pasado 3 de enero de 2026. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos en la operación militar «Absolute Resolve» personifica la resolución por la fuerza de esta tensión histórica. Desde una perspectiva idealista, su reclusión en una prisión federal de Nueva York, donde se le acusa de narcoterrorismo y conspiración, se interpreta como la victoria de la justicia sobre la impunidad. Esta detención demuestra que el poder no es un mandato absoluto, sino una responsabilidad sujeta al contrato social. En última instancia, este traslado trasciende lo meramente procesal, ya que reafirma que los derechos fundamentales constituyen un límite infranqueable para cualquier gobernante.

No obstante, el carácter unilateral de la intervención reaviva el dilema weberiano sobre los medios. El despliegue militar de una potencia con histórica vocación expansiva despierta suspicacias, ya que se percibe tras la retórica de liberación los vestigios de la Doctrina Monroe y un interés pragmático por los recursos naturales, en este caso, energéticos. Así, mientras los realistas celebran la eliminación de un obstáculo para la estabilidad regional, los globalistas cuestionan la legitimidad y la arbitrariedad del método y advierten de que el uso discrecional de la fuerza podría erosionar los cimientos del derecho internacional y la soberanía nacional.

En este nuevo contexto, la legitimidad de la transición venezolana depende de que el proceso judicial de Manhattan se lleve a cabo con estricto rigor técnico y de que el vacío de poder en Caracas se cubra con una institucionalidad pluralista. Dicha reconstrucción debe trascender tanto el ejercicio de la fuerza como la preeminencia de intereses externos sobre la autonomía nacional. La comparecencia de Maduro ante los tribunales traslada la discusión sobre la moralidad política del ámbito teórico al de los hechos procesales. En adelante, el sistema de justicia tiene el imperativo de ratificar su integridad, garantizando que el fin de la restauración democrática sea coherente desde el punto de vista técnico y ético con los principios que motivaron la intervención.

En conclusión, la operación «Absolute Resolve» se perfila como el escenario en el que se evaluará la solidez del orden liberal contemporáneo. Su éxito histórico no se medirá por la eficacia táctica de la fuerza, sino por la capacidad de convertir un acto de poder en un precedente de legalidad universal. Solo si el ejercicio de la autoridad se subordina efectivamente a la ética de la responsabilidad, la política podrá dejar de ser un mecanismo de dominio y consolidarse como el instrumento de salvaguarda de la dignidad humana que la comunidad internacional exige.

#Maduro #Cilia #Venezuela #USA #AbsoluteResolve 

Deudas de antaño y riesgos de hoy: el dilema del pago por obras sin contrato

Por Fernando Cabrera

 

Esta mañana, mi intención al revisar las redes sociales era, lo juro, acercarme a temas de arte y poesía, buscando un respiro del ruido cotidiano. Sin embargo, acabé siendo irremediablemente capturado por la absurda persistencia de nuestra realidad sociopolítica. A pesar de mi resistencia, la extrañeza del último acto de nuestros legisladores se impuso, obligándome a reflexionar sobre un tema que trasciende la actualidad.

A simple vista, la reciente decisión del Congreso de aprobar con carácter de urgencia un proyecto de ley para autorizar el reconocimiento y pago de deudas estatales por obras públicas ejecutadas sin contrato formal desde 1996 podría interpretarse como un acto de justicia administrativa. No obstante, al analizar las implicaciones de esta medida, resulta evidente que pone a prueba la solidez institucional del país. Lo que se presenta como una solución técnica a pasivos históricos reabre, en realidad, una vieja herida sobre la delgada línea que separa la responsabilidad del Estado de la posible legitimación de prácticas corruptas y clientelares.

La base argumental para validar estos pagos, que en algunos casos se remontan a varias décadas, se sustenta en el principio de seguridad jurídica y en la doctrina del “enriquecimiento sin causa”. Bajo esta lógica, si una infraestructura —ya sea un puente, una escuela, un hospital o una carretera— ha sido efectivamente construida y el Estado la está utilizando, negarse a honrar dicha deuda constituiría un acto ilícito por parte del propio Gobierno. El contratista, supuestamente, habría actuado de buena fe y el Estado no puede beneficiarse del trabajo ajeno sin la debida contraprestación.

Sin embargo, este razonamiento choca con la realidad ética y administrativa de la gestión pública. La pregunta que surge de inmediato es si se trata realmente de justicia o si estamos ante un mecanismo para blanquear las irregularidades del pasado. Al operar fuera del marco estricto de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, estas deudas carecen de la transparencia mínima exigida. La ausencia de un contrato formal implica que no hubo licitación, que no se establecieron presupuestos claros y, lo que es más grave, que no existen mecanismos para verificar si la selección de esos contratistas se realizóconforme a criterios de mérito o como un favor político de administraciones anteriores.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es la intrínseca vulnerabilidad del sistema de auditoría. Ante deudas de tal antigüedad, la capacidad de la Contraloría General o de la Cámara de Cuentas para ejercer una fiscalización rigurosa es, en la práctica, nula. ¿Cómo es posible auditar hoy la calidad de los materiales empleados en una obra finalizada hace décadas? ¿De qué manera se podría verificar si los costos facturados en aquel entonces no fueron inflados de forma desproporcionada? La imposibilidad de ejecutar auditorías forenses efectivas convierte este proceso en un cheque en blanco, con el riesgo inminente de legitimar pagos por las denominadas “obras fantasmas” o infraestructuras con sobrecostos estructurales.

A esto se suma el complejo y determinante tema de la prescripción. En la legislación dominicana, si bien el derecho a reclamar el pago de obras al Estado suele regirse por la prescripción de veinte años establecida en el artículo 2262 del Código Civil, existen también plazos de prescripción mucho más breves dependiendo de la naturaleza del crédito. Por ello, diversos analistas coinciden en que revivir obligaciones que datan de hace tres décadas mediante una ley de excepción constituye un “traje a la medida”. Esta maniobra parece diseñada para favorecer a grupos económicos y sectores de poder específicos, quienes habrían aguardado el momento político oportuno para validar y cobrar acreencias que, bajo el marco legal ordinario, ya habrían caducado.

La aprobación de esta ley se produce en un momento crucial. Recientemente, el país ha recibido reconocimiento internacional por su compromiso con la independencia del Ministerio Público y por la significativa recuperación de fondos públicos a través de casos emblemáticos de lucha contra la corrupción. Los informes de organismos multilaterales han elogiado estas mejoras en los índices de percepción de la transparencia, lo que ha fomentado un clima más seguro y previsible para la inversión extranjera.

Empero, esta nueva iniciativa legislativa amenaza con empañar dichos avances. La persistente percepción de impunidad y la sensación de que se están diseñando “atajos legales” para beneficiar a sectores políticos y empresariales con vínculos en el pasado generan serias dudas sobre la coherencia del sistema. Para los inversores extranjeros y los organismos internacionales, la predictibilidad y la coherencia jurídica son fundamentales. No es viable luchar eficazmente contra la corrupción actual mientras se institucionaliza la opacidad del pasado mediante leyes de urgencia. Este desequilibrio socava la credibilidad ganada y plantea cuestionamientos sobre la dirección a largo plazo de la gobernanza dominicana.

El temor latente que se desprende de esta normativa no radica necesariamente en la intención de sanear las cuentas del Estado, sino en su extrema vulnerabilidad operativa. Aunque el Estado tiene el deber moral y legal de honrar sus compromisos legítimos, el reconocimiento masivo de acreencias sin un proceso de auditoría pública, transparente y riguroso, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de transferencia de fondos públicos hacia intereses privados cuestionables.

En última instancia, el costo de esta ley podría ser muy superior al monto financiero de las deudas en sí. El verdadero precio sería la erosión de la confianza ciudadana, cuya recuperación ha demandado años de esfuerzo institucional. Si el proceso de pago no se acompaña de una transparencia absoluta y de una rendición de cuentas que justifique detalladamente cada expediente, se enviará un mensaje peligroso: que, en la administración pública dominicana, tarde o temprano, la irregularidad siempre termina siendo recompensada.

¿Fusión MESCYT-MINERD: Evolución Educativa o Retroceso Institucional?

La integración de estos ministerios solo será acertada si su propósito es robustecer la inteligencia del sistema educativo y no meramente reducir su estructura. Priorizar el ahorro en infraestructuras a costa de sacrificar la especialización técnica, científica y tecnológica del MESCYT representaría un error histórico para el desarrollo nacional.

En el escenario actual, los riesgos de centralización burocrática y la posible dilución de recursos especializados superan los beneficios proyectados, lo que explica el rechazo de amplios sectores académicos. Para que esta iniciativa sea viable, el Congreso Nacional debe fomentar un diálogo plural que ofrezca garantías jurídicas y operativas explícitas.

De avanzar contra marea este proyecto, sería imperativo establecer una “Integración Estratégica Gradual” (de 3 a 5 años) bajo supervisión internacional. El éxito de esta reforma no debe medirse por el ajuste fiscal, sino por el impacto real en la calidad se la educación en el aula y el fortalecimiento de la investigación académica.

#educación #MESCYT #MINERD

A LA SOCIEDAD DOMINICANA, Leonardo Da Vinci.

La Asociación Leonardo Da Vinci, Inc. se dirige

a la sociedad dominicana con profundo dolor

y consternación para expresar, una vez más,

sus más sinceras condolencias a la familia de

Stephora Anne-Mircie Joseph Raphael, así

como a sus seres queridos, compañeros de

clase, profesores y a toda la comunidad

educativa que hoy guarda luto por su

irreparable pérdida.

Este fallecimiento ha dejado una huella

profunda de tristeza que compartimos con

respeto, empatía y recogimiento. Nada de

lo que se exprese puede aliviar el dolor de

su familia, a quienes reiteramos nuestro

acompañamiento humano y solidario en este

momento tan difícil.

Desde el primer momento del trágico y

lamentable incidente ocurrido el pasado 14

de noviembre, hemos estado colaborando

y continuaremos colaborando de manera

responsable con las autoridades competentes,

dentro del marco que la ley establece.

Confiamos plenamente en el sistema de

justicia y en que el proceso en curso permitirá

esclarecer los hechos con verdad y rigor.

Somos conscientes de la preocupación que

este caso ha generado en la sociedad. No

obstante, la investigación estuvo en una

fase legalmente reservada, y habíamos

sido debidamente instruidos a no emitir

declaraciones que pudieran interferir con su

desarrollo. Este deber de prudencia ha sido

asumido con el respeto que la situación y las

autoridades merecen.

Reiteramos que la Asociación Leonardo

Da Vinci, Inc. no elude ni eludirá las

responsabilidades que legalmente pudieran

establecerse, y actuará conforme al derecho

ante cualquier determinación que emane de

las instancias correspondientes.

Hacemos un llamado respetuoso a los medios

de comunicación y a la opinión pública a tratar

este hecho con la sensibilidad que amerita,

resguardando la memoria de Stephora y

el bienestar emocional de su familia y de

nuestra comunidad educativa. La difusión de

información no verificada o especulativa solo

profundiza el sufrimiento de quienes están

directamente afectados.

En medio de este dolor, reafirmamos nuestro

compromiso de acompañar a nuestros

estudiantes, docentes y familias, así como de

continuar revisando y fortaleciendo nuestros

protocolos de seguridad, con el propósito

de garantizar el mayor cuidado posible de

quienes nos han sido confiados.

Nada de lo expresado disminuye la gravedad

de esta pérdida ni pretende justificar lo

ocurrido. Hoy, nuestra prioridad es el respeto,

el acompañamiento y la responsabilidad.

Directiva 2025-2027

Eduardo Estevez Bretón

Presidente

Ingrid Díaz Gatón

Vicepresidente 

Arístides Trejo Liranzo

Secretario de Acta

Juan Luis Bojos Bisonó

Secretario de Finanzas y Tesorería 

Eduardo Antuñano

Secretario de Administración 

Pablo Peña Peralta

Secretario de Organización 

Pablo Guillermo

Secretario de Relacuones Públicas

Rosa Hidalgo Disla

Suplente

Frank Rodríguez Camacho

Suplente