Por Fernando Cabrera
A medida que el sol se abre paso entre las
nubes, la realidad impone su toque de objetividad. Según refiere el Nuevo
Diario, en publicación del 9 de diciembre: “El abogado Miguel Díaz,
representante de la familia de Stephora Joseph, descarta que la menor fuera
ahogada por otra persona. Esta conclusión se basa en los videos de seguridad y
el informe preliminar del Inacif. La asfixia, según explica, pudo ser causada
por la obstrucción del agua, sin intervención de terceros. Díaz señala
negligencia por parte del Instituto Da Vinci durante la excursión en la
hacienda Los Caballos.”
Se derrumban todas las apasionadas y subjetivas
«narrativas». Sin embargo, es evidente que el odio persistirá. No se callarán
las voces que buscan lucrarse con la tragedia, que hacen lobby con la
victimización y que persiguen «Me gusta» a través del morbo y el dolor ajeno.
En este contexto, resulta inquietante el sadismo de quienes han llegado al
extremo de celebrar las imágenes humillantes de profesoras esposadas, cuya
culpabilidad no ha sido probada y sin que existiera riesgo de fuga. Ningún
docente ni persona de bien debió difundir tal agresión innecesaria contra la
dignidad humana.
Es innegable que el vídeo de la tragedia de la
niña angelical resulta desolador y refleja una terrible indiferencia. Su amplia
difusión ha condicionado incluso a quienes exigen justicia, limitando las
posibles implicaciones legales del suceso. Pese a su crudeza, la grabación ha
servido para desarticular narrativas incendiarias: no se trató de un crimen de
odio ni se evidencia acoso racial. Los niños implicados, reconocidos por su
conducta intachable y su alto rendimiento escolar, no eran en ese momento ni víctimas
ni acosadores. Tampoco existen indicios de discriminación clasista en el centro
educativo, ya que la niña provenía de una familia con recursos suficientes para
hacer frente a las elevadas exigencias económicas del mismo. Si la institución
está dirigida a personas adineradas, está claro que ella formaba parte de ese círculo.
Aunque aún no se ha llegado a una conclusión
definitiva, todo parece indicar que la desgracia fue consecuencia de errores
humanos. Aparentemente, no hay pruebas fehacientes de acciones criminales ni de
provocación voluntaria y consciente para causar daño. Los fallos, según
reconocen incluso los abogados demandantes, se deben al exceso de confianza, la
falta de previsión y la negligencia. Se trata de un olvido imperdonable de que
los niños son propensos a sufrir accidentes acuáticos y de que los adultos —tanto
familiares como responsables institucionales— incumplieron su obligación
ineludible de no exponerlos a tales riesgos. En este caso particular, es
innegable que la institución no adoptó las medidas logísticas y de seguridad
necesarias para garantizar la integridad de los asistentes. Se cometieron fallos
involuntarios que han tenido un precio alto e irreparable: la pérdida de una
vida humana prometedora e inocente.
Una vez que los organismos de justicia
concluyan sus indagaciones y emitan sus decisiones, el Instituto deberá
responder con las compensaciones determinadas y con las garantías necesarias
demandadas por su propia comunidad educativa y por toda la sociedad, que ha
expresado su justa preocupación y enojo. Casos como este no deben repetirse.
Esperemos que, con el tiempo, la familia de la
angelical niña, sus compañeros, el instituto y la sociedad puedan recuperar el
ritmo natural de sus vidas.
